Una “industria del juicio”. Dos miradas

El problema es la industria del juicio

Desde el Gobierno plantean que uno de los primeros escollos para las empresas —especialmente, para las pymes— a la hora de tomar nuevo personal es el potencial costo asociado a la llamada “industria del juicio”.

El principal impulsor de la modificación en el sistema de juicios por accidentes y enfermedades vinculados al mundo del trabajo es el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca. “Tenemos una ‘industria del juicio laboral’ que pasó de 58 000 causas de demandas en 2011 a 115 000 en 2016 solo en el sector de los accidentes de riesgo del trabajo en el fuero laboral nacional de la ciudad de Buenos Aires, y el stock de juicios resueltos está entre 35 000 y 40 000 por año, por lo que todo el tiempo se está agregando una masa de 75 000 a 80 000 expedientes, que en algunos casos están bien elaborados, pero, en otros, se advierten connivencias con peritos que se repiten ante las mismas situaciones, demandas que son resueltas por los mismos jueces y que tienen algunos criterios que son en verdad inverosímiles; y también, como consecuencia de eso, [hubo] un aumento de las alícuotas de las ART [aseguradoras de riesgo de trabajo], que pasaron de un promedio de 2 a casi 4,5 %. Eso nos motivó, el año pasado, para presentar un proyecto de nueva ley de accidentes de riesgo del trabajo que se votó. A partir de entonces vimos que bajó 20 % desde marzo, con reducción mes a mes, la cantidad de demandas de riesgo laborales y disminuyó, en promedio, entre 12 y 15 % la prima de riesgo que se estaba pagando. Pero creemos que falta mucho más, porque cuando esa industria del juicio se lleva al ámbito de las pymes se agrava notablemente, porque deben responder con sus patrimonios y tienen menos posibilidades de hacer todas las previsiones”, explica Triaca.

“Esto no es en detrimento de los trabajadores. Si hay un empleador que tiene a parte de su nómina en negro, tiene que pagar las consecuencias que le corresponden, de acuerdo con lo que establece la ley. Pero cuando se monta una industria, a partir del accidente, de sacar el beneficio, y sobre todo cuando el resultado del litigio laboral no llega al trabajador —porque el promedio de demora del juicio está entre tres y cinco años—, surge el diseño de una práctica muy pensada a favor del conflicto, no de la resolución. Por ejemplo, había en el Seclo (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) noventa días hasta que daban el turno para poder conciliar la compensación por una situación de despido. Obviamente, mucha gente se impacientaba y terminaba en la vía judicial. Por eso, lo que hicimos fue bajar los tiempos, como dice la ley, a once días, de modo que, si existe alguna chance de conciliar, que sea lo más efectiva posible. Se dio la oportunidad de hacerlo de manera digital, y ahora estamos llevando el Seclo a todas las provincias y bajando el costo”, detalla el ministro de Trabajo.

El Gobierno se ufana de que está “corriendo el velo al tema, de que ahora se puede hablar de los juicios laborales sin pelos en la lengua”. “Es una de las principales causas de involución en la Argentina. No es solo el incumplimiento de la ley: es el abuso del sindicalismo, por el cual algunos viven o generan una industria del juicio. Todas las instituciones que deberían ayudar a mejorar los servicios de conciliación estaban dadas vuelta para mejorar la industria del juicio”, considera el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Feroz ofensiva contra los trabajadores

Las dos CTA organizan para este miércoles un acto en contra del Gobierno para reclamar que frene la ofensiva sobre el sistema de juicios por accidentes de trabajo.

Las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), los sindicatos judiciales y diversas asociaciones de abogados realizarán este miércoles un acto en repudio de la avanzada del Gobierno contra los derechos laborales, que tiene como prólogo la denuncia de la presunta existencia de una “industria del juicio” y “mafias” de abogados que defienden a los trabajadores, como afirmó el presidente, Mauricio Macri. El acto, cuya convocatoria obedece a la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), se realizará para “resistir esta feroz ofensiva que, con la excusa de atacar a los abogados, en verdad pretende atacar los derechos de los trabajadores”, según afirma Matías Cremonte, presidente de AAL. “No hay industria del juicio, hay industria del incumplimiento. Macri no ataca a los abogados ni a los jueces, ataca a los trabajadores. Macri pretende instalar el clima propicio para una reforma laboral profunda”, agrega Cremonte.

“Lo que pretende el Gobierno es avanzar en un sistema que incrementó el beneficio exclusivo de los sectores patronales porque aseguraba mayores ganancias a las ART e implicaría, para los empresarios, la posibilidad de reducir costos laborales en detrimento de la salud de los trabajadores. Se habla de la industria del juicio, pero habría que preguntarse por qué hay juicio en los accidentes de trabajo. Es otro instrumento para bajar costo laboral”, indica Hugo Yasky, titular de una de las CTA.

“El Gobierno parte de premisas falsas y arriba a conclusiones igualmente falsas. Se ideologiza la siniestralidad y no se advierte el subregistro de las enfermedades laborales. Lo más complicado de la nueva ley que impulsó el Gobierno es la definición de la instancia previa, la obligatoriedad de pasar por las comisiones médicas, que vulnera la Constitución Nacional y el derecho a la defensa. La solución no se encuentra cerrando los tribunales ni imposibilitando el acceso al juez natural. Además, se crea un farragoso sistema que eterniza los conflictos. Para reducir la litigiosidad hay que profundizar estudios de medicina del trabajo, de derecho del trabajo, de derecho de daños, en seguridad e higiene, y fortalecer la cultura de prevención. Hay que legislar para el bien común. Eso no se logrará persiguiendo a la baja los costos laborales y alejando a los más débiles del juez natural”, advierte Luis Raffaghelli, juez nacional del Trabajo.

“La discusión sobre la litigiosidad encierra conceptos absolutamente falsos. Se coloca como víctima al sistema financiero y a las ART y como victimarios a los trabajadores y a los profesionales que defienden los derechos de los trabajadores, cuando uno de cada tres empleadores no cumple con las condiciones básicas de higiene y seguridad y las causas principales de los reclamos tienen que ver con los rechazos de las ART y de las comisiones médicas a los reclamos de los trabajadores afectados”, explica Jorge Andrés Kohen, director del posgrado de Medicina del Trabajo de la facultad de Medicina de la Universidad de Rosario e integrante del Observatorio de Salud de los Trabajadores de Rosario.

 

Comments are closed.