El derecho a cobrar honorarios regulados prescribe luego de diez años

Un fallo de la Corte Suprema declara que el derecho a cobrar honorarios regulados prescribe a los diez años. Diferencias con el derecho “a que se regulen”. Cómputo de intereses en el caso de que el depósito no sea acreditado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con votos de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, declaró en la causa “Edesal SA e/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) y otro s/ impugnación de actos administrativos” que el plazo de prescripción para el cobro de honorarios ya regulados es de diez años.

El conflicto que culminó con el dictado de la sentencia empezó en agosto de 2013, cuando se regularon los honorarios de una abogada. Tres días después se notificó de la resolución a la obligada al pago, pero no fue sino hasta un año y medio después cuando esta acreditó en el expediente el depósito efectuado, que había ocurrido pocos días después de ser notificado (en noviembre de 2013). Ante esa circunstancia, la abogada se notificó espontáneamente e hizo “expresa reserva de liquidar oportunamente los intereses devengados”.

Esto era debido a que en el primer supuesto (el del caso) se aplica la prescripción decenal, mientras que en el segundo corre la bienal. En este punto, la norma invocada en el fallo tiene como regla general que los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigor de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Los supremos —teniendo en cuenta las prescripciones del artículo 2537 del Código Civil y Comercial— señalaron que, en este caso, opera la doctrina del máximo tribunal, que, en materia de prescripción de honorarios, indica que debe distinguirse “entre el derecho a cobrarlos cuando ya han sido regulados y el derecho a que se regulen”.

Al aplicarse el plazo decenal, entonces, la defensa de prescripción opuesta no prosperó. No obstante, más allá de eso, la oposición al pago de los intereses tampoco tuvo asidero. “Al respecto, este tribunal ha sostenido que para detener su curso no basta con el solo depósito judicial del monto adeudado”, recordaron los magistrados, para quienes “ese depósito no extingue la obligación”. El fallo es certero en ese punto: los supremos sostuvieron que el pago, además de ser íntegro, debe “ser comunicado al acreedor”. “El transcurso del tiempo y las consecuencias que se derivan de ello no deben pesar sobre quien no tenía conocimiento de que las sumas habían sido depositadas”, apuntaron los jueces.

Fuente: Diario Judicial

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