Reforma del Código Penal: los agresores sexuales no tendrán derecho a la libertad condicional

La comisión encargada de elaborar el anteproyecto de reforma del Código Penal que preside el camarista Mariano Borinsky ratificó que los agresores sexuales no podrán acceder al derecho de la libertad condicional. La limitación también se hace extensiva a los casos de reincidencia, secuestro extorsivo y homicidio.

Así lo acordaron sus integrantes durante la reunión de trabajo mantenida este miércoles en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se avanzó en el título de las penas que incluyó el debate sobre su cumplimiento efectivo, las multas y la inhabilitación.

En la misma línea, la comisión estableció, para el caso de los agresores sexuales, la aplicación de un “seguimiento sociojudicial” una vez cumplida la condena, consistente en medidas de vigilancia y asistencia para prevenir nuevos delitos. La rigurosidad sobre el cumplimiento total de la pena fue otro de los puntos donde se puso especial énfasis para que quedase plasmado en el anteproyecto. Asimismo, en el caso de las multas, se estipuló su actualización de conformidad con el salario mínimo, vital y móvil y se profundizó sobre la importancia de que se efectivizase su cumplimiento. La inhabilitación fue otra de las penas observadas por los expertos.

La comisión, que mantiene reuniones periódicas en el ministerio, también concretó distintos encuentros con organizaciones no gubernamentales, legisladores, expertos y profesionales para garantizar la participación de toda la comunidad y, así, avanzar en la reforma y la actualización del Código Penal.

La comisión trabaja siguiendo recomendaciones de organismos internacionales y de obligaciones asumidas por el Estado argentino plasmadas en convenciones y avanza revisando legislación comparada. En la misma línea, toma en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está integrada por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba, y la secretaria letrada de la Corte Suprema, Patricia Susana Ziffer. También participan los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.

Fuente: Prensa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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