Una reforma laboral. Dos miradas

Mientras muchos empresarios apoyan la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la CTA y algunas organizaciones de abogados laboralistas critican el blanqueo y la baja de aportes patronales que el proyecto contempla.

Flexibilización, precarización promercado

“Se afirma que la reforma favorecerá la creación de puestos de trabajo, pero los efectos son los contrarios, ya que se facilitarán y reducirán los costos de despido. Es improbable que la transferencia de ingresos desde el trabajo al capital redunde en mayores empleos, del mismo modo que las reformas laborales de los noventa, con lineamientos similares, fueron contemporáneas a una mayor desocupación”, advierte el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), dependiente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Uno de los puntos de la reforma es el “blanqueo laboral”, por el cual el Gobierno condona al empleador todas las deudas por aportes, contribuciones, infracciones, multas y recargos si aquel regulariza a un trabajador que no estaba registrado dentro de los 180 días de sancionada la ley. Si lo hace en los 180 días siguientes, abona solo el 30 % de esos conceptos. “El trabajador así registrado, cualquiera sea su antigüedad, solo podrá tener acreditados cinco años para los fines de reconocimiento para su jubilación y perderá el derecho a las indemnizaciones por incumplimiento en el registro, total o parcial, de su contrato laboral y su remuneración”, subraya el Cifra.

Por otro lado, también está la reducción de aportes patronales destinados al régimen de jubilaciones y pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares. No se modifican, en cambio, los aportes para las obras sociales. El mecanismo de reducción de aportes consiste en la fijación de un “mínimo salarial no imponible”, exento de contribuciones patronales, que ampliará progresivamente hasta el año 2022. El salario no imponible para el primer año, 2018, será de 2400 pesos, monto que se incrementará —por escalones de 2400 pesos anuales— hasta alcanzar los 12 000 pesos en 2022. Si el salario no alcanza el monto no imponible, no tendrá contribuciones patronales, salvo para la obra social (6 % del salario bruto). Además, tienden a unificarse los aportes para distintas ramas de actividad y zonas del país. “Esta reducción de aportes implicará menos costos para el empleador, con la contracara de menos recursos para la Anses y, en particular, para el régimen de jubilaciones y pensiones”, define Cifra.

“Si bien el Gobierno afirma que esta rebaja favorecerá el empleo registrado, entre 1994 y 2000 las contribuciones patronales bajaron del 33 al 17,8 %, mientras que se incrementaron la desocupación y el empleo no registrado”, recuerda la CTA. En la misma línea, la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio advierte que “la reducción de aportes y contribuciones desafía todos los antecedentes históricos que enseñan que tales medidas no logran ni la creación de nuevos empleos ni su registro, sino que terminan desfinanciando los sistemas de la Seguridad Social”.

Ayuda a generar empleo

“El instituto del blanqueo es algo en que hemos coincidido las partes. Hay que hacer un blanqueo porque hay un alto índice de informalidad que se debe a muchos factores; especialmente para las pequeñas y microempresas, la presión fiscal y la industria del juicio son factores que han llevado a la irregularidad”, dijo el abogado Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), y subrayó: “Hay que formalizar al trabajador en beneficio de sus derechos y a favor de la formalización de las empresas porque, si no, tenemos una economía de alta informalidad que hace que la presión fiscal sea exclusivamente sobre los que sí tributan. El proyecto de ley del Gobierno permite una formalización en dos tramos: en los primeros seis meses se puede regularizar el personal sin pagar cargas sociales y sin tener acción penal en contra y, dentro de los segundos seis meses —porque el plazo es un año—, es con un costo del 30 % sobre los aportes omitidos”.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), ponderó que la reforma laboral tiene como “primer gran objetivo que se incorporen más empleos formales. Tenemos que enfocar el problema de la productividad. Creemos que es el momento de ‘ponerle el hombro’ al país. No va a haber soluciones de un día para el otro. Si nosotros tenemos privilegios en nuestro sector, tendremos que cederlos”. Weiss indicó que “el país necesita una serie de reformas que hay que tratar de encarar simultáneamente, cada una en el área que corresponda. El país tiene que dar respuesta a graves problemas que tiene, desde hace mucho tiempo, en macroeconomía, productividad y competitividad”.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó que “puede existir una reforma laboral sin atacar los sueldos ni los ingresos de los trabajadores”. El empresario sostuvo que “hay tres directrices bien definidas” en las que el Ejecutivo quiere hacer cambios: “la tributaria, la del empleo y la cuestión política”.

 

Comments are closed.