Arresto domiciliario de Lázaro Báez, denegado

Lo resolvió la Sala IV. El tribunal entendió que los problemas de salud del imputado, alegados por la defensa, pueden tratarse adecuadamente en el establecimiento penitenciario.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por los jueces Gustavo Hornos (presidente), Mariano Borinsky y Liliana Catucci— rechazó por mayoría el recurso presentado por la defensa de Lázaro Báez, que solicitaba que, por problemas de salud, el imputado fuese trasladado a su domicilio para cumplir allí con la detención.

El juez Hornos —en un voto al que se adhirió la jueza Catucci— propuso un estudio de las particularidades del caso y, sobre la base de los informes oficiales del Cuerpo Médico Forense, entendió que, más allá de que las cuestiones de salud de todos los internos necesariamente deben ser atendidas, se ha acreditado que la problemática de Báez puede tratarse adecuadamente en el establecimiento penitenciario sin que sea necesario realizar nuevos informes para corroborarlo.

El juez Borinsky relevó los informes médicos realizados por los profesionales de salud que intervinieron en el expediente (médicos del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, médicos que fueron nombrados peritos de parte por la defensa del imputado, así como también por el médico de cabecera de Báez y el médico del Cemic que elaboró el último estudio que se le practicó a Báez). Asimismo, reparó en dos antecedentes de insuficiencia cardíaca que registró el imputado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza (el 11 de abril y el 9 de junio del corriente año) que no pudieron ser controlados allí, lo cual derivó, en ambos casos, en la internación de urgencia de Lázaro Báez en el Sanatorio Los Arcos de esta ciudad.

A su vez, el magistrado destacó que, en el marco del incidente de prisión domiciliaria de Báez, se ordenaron medidas de prueba tendientes a conocer las condiciones de salud que posee el imputado y la injerencia de estas en el lugar de alojamiento del causante. Sin embargo, se resaltó que dichas medidas de pruebas no fueron producidas en la causa; aunque fueron pedidas por el fiscal y aceptadas por el juez instructor, luego fueron dejadas sin efecto sin ningún tipo de sustanciación.

Así, consideró que la circunstancia referenciada afectó el derecho de defensa del imputado al impedirle la posibilidad de interrogar a los testigos y a los profesionales de la salud para demostrar, a partir de un mayor nivel de información profesional y técnica, la posición que persigue en el incidente de prisión domiciliaria. Por ello, votó por anular la resolución impugnada y su antecedente necesario a fin de que, previas sustanciación y producción de prueba, se dictase un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y a las constancias comprobadas de la causa.

Fuente: CIJ

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